El pasado es la deuda del futuro

presentpastClemente Hernández

Catedrático de Economía de la Universitat d’Alacant

 

Tener los votos y el bastón de mando permite hacer algunas cosas,

pero saltarse las reglas de juego y pasar de todos los árbitros requiere

de un plus de poder

(El juez Limorte al comisario Bevilacqua,

Los Cuerpos Extraños, de Lorenzo Silva)

 Como ya ocurriera durante la Transición del franquismo a la democracia, cuando se aludia a que “todo está atado y bien atado”, los problemas económicos y sociales actuales están tan enquistados que acompañarán durante bastante tiempo a cualquier gobierno que trace una ruta contraria a las fuerzas que desde 1992 nos han conducido a donde estamos. Es más, a diferencia de entonces, el poder político tiene una posición más subordinada al poder económico y han desaparecido instrumentos fundamentales de intervención pública, que han pasado a instancias supraestatales o que pierden eficacia ante la elevada movilidad del capital financiero y productivo.

En otras palabras, si antes eran agentes autóctonos quienes condicionaban nuestro futuro, hoy son fuerzas económicas sin fronteras e instituciones internacionales que son muy difíciles de eludir, que sería muy costoso abandonar y en las que nuestra capacidad de influencia depende de las coaliciones supraestatales en las que podamos participar. Hagamos un breve repaso de las dificultades con las que nos vamos a encontrar:

1) Buena parte de las empresas públicas en sectores estratégicos y la banca pública están ya privatizadas y cualquier intento de recuperar posiciones en estas actividades –bien expropiando o participando con capital mayoritario en empresas mixtas – tendrá un impacto a corto plazo sobre el déficit y la deuda pública. Aunque podamos mantener a Bankia y los Institutos de Crédito Oficial como ariete de proa, la cuota de mercado de estas instituciones es pequeña y sus operaciones están mediatizadas por la política y el control financiero que marca el BCE; y aunque la venta de activos que hoy calificamos de “inversiones megalómanas” pueda aportar fondos para invertir en empresas estratégicas, esa reconversión tendrá un coste financiero, laboral y social que habrá que asumir. Y, en todo caso, hay que modificar los métodos de gestión y toma de decisiones en los consejos de administración que pongan freno a la corrupción y los intereses espúreos que tanto daño han causado a la legitimación de la gestión pública en estos años.

2) La regulación básica de los mercados ya no se decide por el gobierno español sino en las instituciones europeas, perdiendo autonomía para incentivar o penalizar actividades económicas si impiden la libre concurrencia y el flujo internacional de mercancias y capitales. Este espacio económico común carece, además, de un Presupuesto capaz de hacer frente a los problemas estructurales y coyunturales que se presentan de forma asimétrica en los 28 países y las 250 regiones europeas como resultado, precisamente, del libre juego de las fuerzas del mercado[1].

3) Los derechos sociales que definen el Estado de Bienestar que recogen las constituciones europeas (arts 39 y 52 de la Constitución Española, por ejemplo) no están blindados y tienen límites a la iniciativa política, pues están sometidos a los acuerdos del Consejo Europeo en materia de estabilidad fiscal. Desde 2013, incluso, los presupuestos generales del Estado han de pasar el filtro previo de la Comisión. En el caso de España, además, esta subsidiariedad se ha hecho explícita en el artículo 135 de la Constitución: modificarlo requeriria, de nuevo, una mayoría cualificada que no parece que se pueda obtener sin el concurso del PSOE y/o del PP.

4) Para los países miembros del Euro la política monetaria es competencia del BCE y su diseño beneficia a los países ahorradores y exportadores netos[2]. Las reglas de juego fueron dictadas por el Bundesbank y no poder mancomunar la deuda pública ni la garantía de los depósitos bancarios conduce a elevados costes de financiación y crecimiento de la deuda extranjera en los países importadores netos. Cuando los mercados de deuda se cierran a los países que necesitan financiación internacional, se hace inevitable acudir a transferencias corrientes y de capital para amortizar la deuda externa y mejorar su saldo comercial, si no quieren reducir drásticamente su demanda interna.

Las reglas de juego en la UE (plena movilidad de factores, paquete de reformas, competencia laboral y fiscal y mercado abierto de deuda pública sin apelación al BCE) limitan la capacidad de los gobiernos de países importadores netos para gestionar su presupuesto y su política de empleo. Que el presupuesto comunitario o el Banco Europeo de Inversiones inyecten fondos por 300.000 millones de euros y que el BCE mancomune al menos el 60% de la deuda pública sería una buena decisión, pero sería aún más provechoso el compromiso de penalizar a los países con fuerte superávit por cuenta corriente, obligando a una aportación adicional al presupuesto de la UE para cofinanciar las prestaciones al desempleo y los costes de financiación de los países importadores netos. También conduciria a una mayor cohesión la fijación de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades y en el último tramo del IRPF[3] y de un objetivo de gasto social mínimo sobre el PIB en todos los países. Estas iniciativas podrían estar en la agenda del Consejo Europeo si estuvieran ya a debate en las otras instituciones.

Así pues, cualquier corriente política que gane elecciones en España deberá coaligarse con otras de la misma orientación en la UE, o forzar sus decisiones, si desea que la política macroeconómica tenga una determinada orientación.

5) Los sindicatos y las patronales han perdido influencia para concertar políticas públicas con los gobiernos, pues el peso de la economía sumergida, la competencia fiscal y laboral y la capacidad de las empresas internacionales y de los ahorradores para deslocalizar sus inversiones, hace que el núcleo del “capitalismo autóctono” sobre el que puede actuar el poder público se haya debilitado. Con todo, ese capitalismo autóctono mostrará su oposición a través de las Cámaras de Comercio y la CEOE a los intentos por reinstaurar las políticas de bienestar, sumándose a la influencia de los “lobbies” de las multinacionales en las instituciones europeas, con poder económico suficiente para tambalear gobiernos.

La apertura a la negociación colectiva en el ámbito europeo –con salarios mínimos y condiciones laborales homologables de acuerdo con los niveles de productividad en cada país – mermaría el poder de las multinacionales frente a los gobiernos y frenaría la presión a la baja de los salarios y la precarización de las condiciones laborales en la UE.

6) El pensamiento liberal ha calado en las ciencias sociales, en los cuadros tecnicos de la Administración y en la opinión pública, seduciendo a muchos partidos herederos de la tradicion socialdemócrata y socialcristiana que pusieron en pie el Estado del Bienestar en Europa. Su difusión por múltiples canales ha construido una sociedad más individualista, que admira a los ricos y que desconfía de la intervención del Estado, al que atribuyen todos los males cotidianos, opinión que avalan con el rosario de casos de gestión fraudulenta e irresponsable en cajas de ahorro, empresas y administraciones públicas. Paradójicamente, para los excluidos y perdedores del sistema, se alimenta la autoinculpación o se reabre la esperanza en un Estado omnipotente, que ya es solo quimera populista y frustrante[4]. Es cierto que la crisis de 2007 puso en sordina los dogmas neoliberales y que las recetas en la UE son cada vez más cuestionadas por economistas del stablismenth[5], pero esas voces serán inoperantes mientras Alemania no cambie la orientación de su política económica[6].

Siempre ha sido así, pero hoy, más que nunca, se gobernará sobre un   conjunto de instituciones que tienen una inercia profunda, difIcil de modular en el corto plazo y que frenarán cualquier intento de reforma más allá de cierto punto. Aunque su paternidad se atribuya a los conservadores, no en vano la usa Rajoy cada vez que quiere eludir su responsabilidad, es cierta la expresión de que “la realidad tiene su propia lógica, más allá de la voluntad de los gobiernos”. Como ningún gobierno español está hoy en condiciones de eludir la globalización y escapar del capitalismo, el éxito de los programas alternativos –seguramente, no más allá de lo que pretendía la socialdemocracia de los países nórdicos hasta los años ochenta del siglo pasado – dependerá de las alianzas internacionales y de la inteligencia con que se module su ritmo e intensidad, conscientes de que los objetivos a alcanzar (el pleno empleo, por ejemplo) requiere su tiempo de maduración y pueden fustrarse las expectativas de los votantes si cambian las circunstancias internacionales .

Si antes hemos explicitado algunos elementos del contexto institucional que marcará el margen de discrecionalidad gubernamental, ahora quiero fijar la atención en algunos rasgos estructurales que tienen que ver con el modelo económico apuntalado desde 1997 y que llevará tiempo sustituir por otro alternativo:

  1. Una complicidad del poder político con las capas extractivas más improductivas del sistema –capital financiero, inmobiliario y comercial- que ha estado en el origen de tramas corruptas y del despilfarro de las arcas públicas en eventos e infraestructuras que, por su naturaleza, son insostenibles a largo plazo, cuando no inútiles, y que han devenido en el endeudamiento y desvalorización del patrimonio público. La regeneración democrática es, pues, la tarea más urgente.
  2. Una especialización productiva muy extravertida y propensa al déficit de la balanza comercial, por la insuficiencia de la base industrial y energética para atender las necesidades del crecimiento de la demanda interna. Sectores básicos de nuestra economía destinan a la exportación más del 70% de su producción y cifras semejantes de importación se producen en otros sectores. Hoy, más que nunca, somos un país internacionalizado y no podemos escapar de las tendencias del mercado mundial. Aunque no es fácil modificar este patrón productivo sin provocar efectos paralizantes a corto plazo en muchos territorios, habrá que dirigir el esfuerzo inversor al objetivo de reducir la dependencia energética y el déficit de la base industrial.
  3. Un tejido productivo con baja intensidad tecnológica, con empresas y empresarios que tienen carencias básicas para la mejora de la productividad y con relaciones de mercado subordinadas a las directrices de las grandes corporaciones. No será fácil que las microempresas aumenten su dimensión y mejoren su tecnología y vocación exportadora, pero se puede actuar sobre las grandes superficies comerciales que tienen un fuerte impacto en las importaciones y que abusan de su poder de mercado frente a los proveedores locales, incentivando la cooperación entre las pymes y las formas jurídicas más implicadas con el territorio próximo.

 

  1. Una elevada deuda pública y privada, dificil de renovar y que detrae recursos necesarios para modernizar las empresas y aumentar el bienestar social. Familias, empresas y las administraciones siguen estando muy endeudadas y el ahorro interno no es capaz de cubrir las amortizaciones que se van produciendo, de ahí que seguiremos apelando a la deuda externa[7].

El ahorro en España ha sido insuficiente para atender la demanda de inversión que, además, en gran parte está desvalorizada al materializarse en infraestructuras improductivas y patrimonio inmobiliario sin demanda solvente: una deuda externa, pues, que no es posible pagar ante la quiebra del modelo actual y que está llevando al desapalancamiento del sector privado (activos malvendidos, empresas cerradas, familias en la calle) y al endeudamiento del sector público, que ve como caen sus ingresos, aumentan los gastos derivados de la crisis (desempleo y rescate de empresas, sobre todo el sector bancario) y crece su factura financiera.

La deuda pública no es monetizable salvo que se cambie el estatuto del BCE y el crédito no fluye a familias y empresas mientras no baje su nivel de apalancamiento. Estamos en un círculo vicioso del que es difícil salir, pues la deflación y el austericidio europeo aumenta el peso de la deuda y los coeficientes de morosidad en la banca; incluso con un sistema financiero que está saneado, dificilmente se animará el crédito si no se reduce ese apalancamiento. Restructurar con quitas la deuda o canjear parte de la misma con deuda perpetua y monetizada por el BCE son batallas que habrá que ganar en la UE, pero una auditoria de la deuda daría margen para  una moratoria y negociación con los financieros privados sin que activen sanciones de la Comisión y sin que se eleve el riesgo-país. Es cierto que el riesgo de impago unilateral en un país que necesita del ahorro internacional conduciría al colapso de su economía, pero hundiría también a los países acreedores y, por tanto, es un arma poderosa de negociación.

Por último, aunque la mayor parte de la deuda pública sea de titularidad estatal, el esfuerzo por ajustar las cuentas se ha trasladado sobre todo a las administraciones locales y territoriales, algunas de ellas rescatadas por la Administración Central al tener cerrado el acceso al mercado financiero. La presión para modificar el marco competencial y financiero de ayuntamientos y gobiernos autónomos se encuentra con la restricción presupuestaria de la Administración Central, trasladando el ajuste a un contencioso entre gobiernos regionales sub y supra financiados de acuerdo con el modelo actual de financiación de las CC.AA.[8].

Las consecuencias de todo lo anterior se refleja en un elevado número de familias por debajo del nivel de la pobreza y personas de dificil inserción laboral que supera cualquier solución rápida para las mismas que no se apoye en el reparto de la renta disponible. Un sistema fiscal con elevada propensión al fraude e insuficiente para cubrir los programas de bienestar, aunque se reduzca la corrupción y el despilfarro, exigirá elevar la presión fiscal efectiva a las rentas del capital y las grandes fortunas[9]. Así pues, si modificar el sistema productivo llevará bastante tiempo y reestructurar la deuda conduce a una negociación con los acreedores, una reforma fiscal que permita la financiación suficiente de los programas de bienestar social es una medida de choque fácil de implementar.

[1] El presupuesto comunitario apenas asciende el 1% del PIB europeo.

[2] El BCE tiene por competencia exclusiva mantener baja la inflación (inferior al 2% anual) y no puede financiar a Estados..Estos criterios benefician a los países que son acreedores netos, pero perjudican a los deudores y con elevadas tasas de paro.

[3] Condición que se puede alcanzar eliminando los paraísos fiscales y reduciendo las bonificaciones y exenciones fiscales, que en España rebajan el tipo legal del 30% a menos del 5% para las sociedades del IBEX 35 y permiten la elusión fiscal de las multinacionales extranjeras.

[4] Byung-Chul Han: “¿Por qué hoy no es posible la revolución? El PAIS, 3 de octubre de 2014

[5] Desde la alusión de Sarkosy al imprescindible cambio del capitalismo a las recientes recomendaciones del FMI y la OCDE para aminorar el ritmo del ajuste fiscal, reestructurar la deuda de los países periféricos de la UE y activar la inversión pública desde el BEI..

[6] Pero no solo Alemania, también Polonia, Reino Unido y otros 14 países de la UE tienen gobiernos liberales y conservadores, mientras que los 10 países con gobiernos socialdemócratas sufren el desgaste de su vocación socialista frente al ala social-liberal de sus partidos.

[7] El Banco de España calcula en junio 2014 una deuda totalde 2,82 billones de € (0,96 pública y 1,86 privada) con una financiación externa de 1,4 billones de €, de los que 468.061 millones van a las administraciones públicas, 669.984 al sistema financiero y el resto a familias y empresas.

[8] La Generalitat Valenciana, sometida a un programa de rescate por el Ministerio de Hacienda, reclama una deuda histórica de más de 13.000 millones y una modificación del actual modelo de financiación de las CC.AA que aumente su cuota en más de 1.000 millones/año.

[9] Cálculos de GESTHA sitúan en 40.000 millones/año el impacto razonable de una eficaz política contra el fraude fiscal y algunos autores calculan que acabar con la corrupción y el despilfarro aportaría al gasto social y productivo más de 10.000 millones/año. El apoyo social a estas políticas sería muy amplio como reflejan las encuestas (la corrupción es el tercer problema en importancia para la ciudadanía y la percepción de la diferencia que existe entre el mayor sueldo y el salario medio es de 38 a 1, cuando en realidad es de 127 a 1 ) Los sueldos que hay que recortar webb de Juan Torres, 22-10-2014.

 

 

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