ENTRE LA OBSESIÓN Y LA FALACIA. LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Javier de Lucas.

Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat de València.

No hay que gastar muchas luces para sostener que el modelo de gestión de la inmigración en la Comunidad Valenciana –porque hablar de “política migratoria” sería mucho decir- no puede presentar novedades respecto al que viene practicando el Gobierno Rajoy. Y eso se resume en dos características: compartir una obsesión como marco de análisis de la gestión migratoria, esto es, el control de los movimientos migratorios y de la presencia de los inmigrantes en nuestro país y, en segundo término, practicar una falacia en el nivel competencial de la política migratoria que le es propio, el de la acogida e integración de los inmigrantes. La primera, obviamente, es materia de la dimensión estatal de esa política. Es en la segunda donde se concentra la gestión autonómica y municipal y donde, por consiguiente, centraré la valoración que es el propósito de estas páginas[1]. Pero antes quisiera resumir algunos argumentos sobre los tres años de obsesiva política migratoria del Gobierno Rajoy.

Obsesión, sí: a mi juicio, un análisis de los hechos y de las iniciativas del Gobierno de España desde 2012 a 2015 en esta materia justifica plenamente el término. Porque es la fijación unilateral en el control policial (casi militar) de las fronteras y del tránsito de inmigrantes hacia nuestro país la que determina las escasas iniciativas gubernamentales en materia de inmigración (y de asilo), con un sesgo instrumental que constituye una constante de todos los Gobiernos desde 1985. Hacer política con la inmigración, que no política migratoria. Servirse de los movimientos migratorios como pretexto o coartada en el mercado electoral, algo que se ha puesto de manifiesto de modo particularmente agudo desde 2008, como consecuencia del modelo austericida de gestión de la crisis iniciado por el Gobierno Zapatero y llevado a su paroxismo por el de Rajoy.

En efecto, esta obsesión por presentarnos la inmigración como cuestión de orden público, policial, y desde 2014, como un problema de seguridad y defensa nacionales, en su vinculación a la situación de <emergencia antiterrorista> provocada por los avances del EI en Oriente Medio y en el Mediterráneo –Libia- y los atentados de Paris en enero de 2015, es la misma que domina la política de la UE. Y sin embargo, como he tratado de explicar en diferentes trabajos, esa mirada obsesiva es parcial, unilateral, ilegítima e ineficaz de cara a la gestión democrática y exitosa de los movimientos migratorios que tienen por destino Europa. Además de estar en el origen de un hecho desconcertante y terrible, la transformación del Mediterráneo en una fosa común.

Lo llamativo es que cuando quizá nos encontrábamos en una situación particularmente idónea para dirigir los esfuerzos e iniciativas de política migratoria a una gestión centrada en la integración o, si se prefiere, acomodación mutua de nacionales e inmigrantes, los hechos nos demuestran que no ha sido así. En efecto, pese a que, para “alivio” de los Gobiernos central y autonómico del PP, los movimientos de población hacia nuestro país han dado paso desde 2008 a un fenómeno de salida o “retorno” de inmigrantes, como consecuencia del durísimo impacto de la crisis sobre los propios inmigrantes, y al mismo tiempo, a una fuerte disminución de la mal denominada “presión migratoria” (basta comparar las cifras de llegada de inmigrantes y demandantes de asilo en España e Italia en 2014: las de nuestro país no llegan a la quinta parte de lo que recibe Italia), pese a que la inmigración habría dejado de ser un “problema político”, porque había abandonado los primeros puestos en las preocupaciones de la ciudadanía, el discurso de “presión migratoria” no ha variado. Peor aún, a lo largo de 2014 se ha incrementado la obsesión por la necesidad de una política casi exclusivamente policial, con instrucciones internas del Ministerio del Interior, prácticas policiales en frontera y, finalmente, iniciativas legislativas que tiene como telón de fondo el falso mensaje de la imposibilidad de sostener la acogida y atención a los inmigrantes que desbordarían nuestra capacidad de altruismo. Los botones de muestra son el indigno Decreto 16/2012, que acabó con el derecho a la salud como un derecho humano universal, junto a la violación de la propia legalidad vigente en las prácticas de las mal llamadas <devoluciones en caliente> o los malos tratos en las fronteras de Ceuta y Melilla y que han provocado la crítica unánime de instancias europeas y de las propias Naciones Unidas. Una ocasión perdida. Un error y un argumento fuerte para seguir hablando de xenofobia institucional.

Pero vayamos a la política que corresponde al Gobierno y a la administración autonómica. Una política donde no es nada difícil denunciar el dominio de la falacia acerca de la integración. Este período de gestión del Gobierno Fabra no ha supuesto ningún cambio en la orientación instrumental y asimilacionista que subyacía a los objetivos puestos en pie por el Govern de la Generalitat encabezado por Camps y diseñado por el conseller Blasco desde la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. Un modelo abiertamente clientelar, que en lugar de implementar una política efectiva de integración y acogida, trató de capitalizar un modelo a todas luces asimilacionista, pese a las imágenes de integración construidas a base de las fotos con inmigrantes visibles y mediante una política de subvención que trataba de someter a inmigrantes y ONGs a la categoría de agentes de propaganda del partido. No voy a referirme aquí al escándalo de la desviación de los escasos fondos de cooperación en beneficio de empresarios amigos.

Mucho más importante es el proceso a la baja que experimentó imparablemente, desde 2009, el Fondo de acogida e Integración creado en 2005, como instrumento primordial de financiación para el desarrollo de las políticas de integración de los inmigrantes. El 60 por 100 del mismo se destinaba al desarrollo de actuaciones para la acogida y la integración y el 40 por 100 para el refuerzo educativo. El 40 por 100 de la asignación del Fondo se destinaba a actividades desarrolladas desde los ayuntamientos. Pues bien, ese Fondo destinaba a la Comunidad Valenciana 22,9 millones de euros en 2009; en 2010 pasó a 7,6 millones de euros y en 2011 apenas alcanzó los 5 millones, un año en el que el número de inmigrantes presentes en la CV se calculaba en torno a 884.000. A finales de 2010, el Conseller Blasco denunció con gran energía los recortes y proclamó que el Fondo se destinaría íntegramente a los Ayuntamientos y que lo dotaría en los Presupuestos de la Generalitat del mismo año con 1,5 millones de euros. Sin embargo, con la llegada del Gobierno Rajoy, correligionario del de la Generalitat valenciana, ese proceso a la baja fue ampliamente superado. En efecto, pura y simplemente se eliminó, con el mismo pretexto de las exigencias de gestión de la crisis, decisión que, sin embargo, no recibió ninguna crítica por parte del mismo Conseller. Lo más decisivo es que la propia Generalitat no suplió esa medida, de forma que los recursos para políticas de acogida e integración desaparecieron y con ello se hizo prácticamente imposible el cumplimiento de la tarea básica de las administraciones autonómica y municipal en materia de gestión de la presencia de inmigrantes.

La desaparición del Fondo que, en realidad, era contradictoria con la Agenda Europea para la Integración presentada en julio de 2011, supuso la paralización de los planes de integración de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, y como denunciaron las entidades de apoyo a los inmigrantes, vació de contenido el propio Plan estatal (el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014) y la mayoría de los Planes Autonómicos, con la excepción de los de Andalucía, Cataluña y el País vasco. Paralelamente, el Fondo para la Integración y las Políticas Activas de Empleo (1.557 millones) también se recortó fuertemente en 2012, recortes que sin duda afectaron a los colectivos más vulnerables y en muy específicamente a los inmigrantes, preludio de lo que se llevó a cabo con el RDL 16/2012 en materia de atención sanitaria.

Paralelamente y aunque pasara relativamente desapercibido, el Govern de la Generalitat cerró en 2014 el giro de gubernamentalización del Foro de integración de inmigrantes, mediante el Decreto 84/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que se modificó la composición del mismo con una nueva redacción del artículo 54 del Reglamento de la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, sobre Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunitat Valenciana. El Foro dejó de ser un instrumento de real participación de inmigrantes y sociedad civil y perdió así legitimidad y capacidad.

Así, el único terreno de actuación en la política de integración pasó a ser el retórico, dominado por un modelo asimilacionista anclado en la reivindicación de la especificidad de la “identidad valenciana”, que supeditaba el “proceso de integración” de los inmigrantes a su adecuación a pautas de aculturación, no sólo carentes de base científica sino ideológicamente sesgadas, como lo mostraba el “manual” de historia de nuestro país puesto a disposición de los inmigrantes, con una versión sobre la II República y el régimen de Franco simplemente bochornosa.

La última vuelta de tuerca de este despliegue hacia lo torpemente identitario lo constituye el esfuerzo del Gobierno de la Generalitat por dotarse de una ley de Reconocimiento, protección y promoción de las Señas de identidad del pueblo valenciano. Este proyecto, cuya aprobación está prevista como último acto de la legislatura antes de las elecciones autonómicas que tendrán lugar en mayo de 2015, incluye como tales señas de identidad, además de los símbolos de la Comunidad, y de “la lengua valenciana y sus usos, de conformidad con la tradición histórica o popular”, el Siglo de Oro de la lengua valenciana; los Reales Monasterios de Santa María de El Puig y Santa María de la Valldigna; el Archivo de la Corona de Aragón; el 9 d’Octubre , los Fueros y el Derecho Foral Valenciano. Junto a éstos, instituciones tan variopintas como las bandas y sociedades musicales; los deportes autóctonos y tradicionales, en especial, la pilota valenciana y la colombicultura; las fiestas tradicionales; los bous al carrer; las manifestaciones religiosas arraigadas; la gastronomía y la indumentaria típica de las distintas poblaciones. El proyecto de ley establece asimismo la creación de un observatorio, concebido como órgano dependiente de la propia administración autonómica, que debe velar “por la protección y defensa de la identidad y los valores e intereses del pueblo valenciano”, y en el que, incluso en detrimento de instituciones estatutarias como la AVL y el CVC, trata de dar voz “a entidades que por su especial vinculación con algunos elementos reconocidos como señas de identidad han de ser escuchadas” para contar con “su criterio especialmente cualificado”.

Si este es el modelo de integración que se propone a los inmigrantes en la Comunidad valenciana, parece claro que se trata de una falacia y lo menos que habría que decir es que se sitúa en las antípodas de lo que la doctrina científica entiende por integración, como proceso bilateral de negociación presidido por el objetivo de igualdad en derechos.

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[1]                No es mi objetivo un análisis sociológico ni demográfico de la presencia y características de la inmigración en la Comunidad Valenciana. Quien esté interesado en ello lo encontrará -y muy completo- en los Informes Anuales sobre Inmigración e Integración de la Fundación Ceimigra; por ejemplo, en el apartado I (“Fotografía de una sociedad en movimiento”) del Informe del año 2014, titulado “hacia una Europa de la inclusión y la hospitalidad”, presentado el 25 de febrero de 2015. Los datos estadísticos del subapartado I.A son elocuentes. Como lo son los del subapartado IB, que muestra las dificultades de integración de los jóvenes inmigrantes, por los recortes en salud, educación y, en particular, en el acceso al trabajo. Pueden consultarse también, por supuesto, los trabajos que lleva a cabo el Observatorio de Inmigración de la Universidad de Alicante, que dirige el profesor Carlos Gómez, y los trabajos de este profesor, en particular sobre la crisis de la política de cooperación en materia migratoria. Me limitaré a recoger esta precisión que aporta el Informe: “Según el Padrón (2014), parecería que la población extranjera en España ha disminuido en 545.980 personas. Pero ello no puede atribuirse en su mayoría al retorno y a la emigración. Hay una suma de causas: los desfases del mismo registro de Padrón, personas que dejan de figurar como extranjeras al naturalizarse españolas, personas que pierden la motivación para empadronarse al no poder renovar la residencia o al no poder lograrla, o porque el padrón no es ya la vía de acceso a la atención sanitaria como consecuencia de la puesta en vigor del RDL 16/2012, que restringe el acceso de la población extranjera en situación irregular a la asistencia sanitaria”.