A las puertas de un hito

Andreu Iranzo, Director General de Fondos Europeos.

Las medidas de urgencia desplegadas por la Unión Europea para frenar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia del COVID-19 han sido notables, en especial si se toma en consideración las competencias, todavía escasas de las Instituciones Europeas, que limitan su radio de acción. En la esfera económica, cabría mencionar la activación de la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la relajación de las condiciones de acceso al fondo de rescate, la expansión de la política monetaria, la puesta en marcha de instrumentos de financiación para PYME, la creación de un instrumento para cubrir costes de ERTE, la aprobación de un marco temporal de ayudas de estado, que abre la puerta a un mayor apoyo a los sectores productivos y a acciones de I+D+i, o la relajación de varias normas europeas que flexibiliza la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
La segunda fase de medidas, a futuro, se centra en dos aspectos clave y simultáneos. En primer lugar, la propuesta, negociación y aprobación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, fundamentado en el borrador de la Comisión Europea de mayo de 2018, pero que nada tiene que ver en términos cuantitativos. Con un claro enfoque a la recuperación económica, la nueva propuesta es más de dos tercios mayor que propuesta original (en términos de RNB de los EEMM). De aprobarse, constituiría el mayor presupuesto europeo desde el origen del proyecto europeo moderno y un hito en su historia. Esto nos lleva al segundo aspecto: la iniciativa Next Generation EU, nombre que recibiría el fondo temporal de recuperación, estaría dotada con 750.000 millones de euros, y se estructuraría fundamentalmente en torno a tres grandes pilares: la recuperación de los EEMM, el impulso de la iniciativa privada y el apoyo a las empresas, y el refuerzo de programas como consecuencia de las lecciones aprendidas durante la crisis sanitaria. Este fondo concentraría la financiación de acciones en los primeros años del próximo periodo financiero, iniciándose ya en 2020 a través de la inyección de fondos adicionales a la Política de Cohesión.
Ahora bien, con las negociaciones entre EEMM en marcha, cabe tener en cuenta, al menos dos elementos fundamentales. Por un lado, de momento y al menos hasta su aprobación por parte del Consejo Europeo, tanto el borrador del MFP como todos los fondos asociados a la recuperación, son únicamente una propuesta sin valor vinculante, que puede sufrir modificaciones o dilatarse en el tiempo si hay falta temprana de acuerdo. Por otro lado, la parte que le correspondería a España –hasta 140.000 millones de euros en subvenciones, préstamos y garantías– estaría condicionada en buena medida al Semestre Europeo, a reformas económicas y a la propuesta de proyectos potentes, que optimicen el gasto europeo, en torno a las grandes prioridades de la Comisión Europea: Pacto Verde Europeo como marco estratégico de recuperación y crecimiento, innovación y digitalización en los ámbitos económico, social y administrativo, y resiliencia de la UE, sin olvidar el Pilar Europeo de Derechos Sociales y el lugar de Europa como actor global y regional, en un mundo cada vez más multipolar y con las vistas puestas en el desarrollo de África. Y todo ello, a través de modificaciones profundas por el lado de los ingresos de la UE, con futuros nuevos impuestos y con la emisión de deuda europea. Con el impulso esperado de la presidencia del Consejo de la UE ya en manos de Alemania, los próximos 17 y 18 de julio se celebra un nuevo Consejo Europeo –presencial–, del cual se espera que se alcancen acuerdos significativos, si no definitivos, pese a las diferencias de intereses sesgados de los EEMM.
Nos encontramos en un escenario de máxima relevancia y oportunidad para el proceso de integración, en el cual deben ser partícipes las entidades regionales y locales, niveles administrativos clave para el progreso social y el desarrollo sostenible. Así, la Política de Cohesión debe asentarse como uno de los buques insignia de la construcción europea, para minimizar las disparidades territoriales y conseguir una Unión más integrada y consolidada. La Comunitat Valenciana va en la buena dirección: políticas ambiciosas de mitigación y adaptación al cambio climático, proceso de digitalización de la administración y de las PYME, incremento relativo de la participación en proyectos europeos de innovación, o la condición de región pionera en un instrumento como la Renta Valenciana de Inclusión.
Al mismo tiempo, el sentimiento de urgencia de más medidas -o de mayor calado- para la recuperación económica no debería hacernos olvidar dramas como el que vivimos en nuestro amado Mediterráneo: la UE debe tomar cartas en el asunto de manera rápida y efectiva, y en base a los principios de solidaridad y humanidad. Por último, puede que sea hora de profundizar en el concepto de ciudadanía europea, de los valores y principios europeos y de la transferencia de más competencias estatales, a fin de avanzar progresivamente hacia la unión fiscal, digital o sanitaria, y hacia la necesaria federalización de Europa.