El precio humano de la crisis en el País Valenciano.

Reyes Matamales Arribas

Educadora Social y Responsable de Política Social de Iniciativa y Compromís

Cuando hablamos de crisis, de la pasada, de la que sufrimos ahora y de las medidas a tomar para salir de ella, resulta imprescindible conocer y reconocer, de una vez, que las decisiones económicas tienen un precio humano, que afecta directamente a las personas, ya sea empeorando su calidad de vida pero también acortando los años de esperanza de vida de las personas, ya sea de forma directa o indirecta.

A partir del inicio de esta mal llamada crisis, allá por el 2008, se han desarrollado diversos procesos sociales que nos han situado en una desigualdad socioeconómica brutal. Éstos no ha sido consecuencia directa esta crisis, sino que, en estos años, se ha impuesto un modelo social-estructural que la crisis, con sus necesidades de ajuste, ha ayudado a reforzar y legitimar.

Este modelo de desarrollo social se basaba en la precariedad y en la estacionalidad (turismo o construcción), en altos niveles de desigualdad salarial, en una limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y un sistema de prestaciones poco protector y muy reducido que no se ajusta a las necesidades de las personas.

En este sentido, si la crisis nos ha afectado a nivel estatal a todas las personas y comunidades, en el País Valenciano nos ha tocado la peor parte en cuanto desigualdad, exclusión, educación, sanidad, vivienda, dependencia, servicios sociales… La complicada situación agravada por la crisis se ha agudizado en negativo a causa de las decisiones políticas de los gobernantes. Por ello, el panorama que sufrimos en el País Valenciano es tan lamentable además de muy preocupante.

Diversos estudios realizados por la Fundación Foessa, Cáritas, IVIE y Fundación Bancaja, denuncian que el País Valenciano lidera el rancking de la desigualdad social, económica y educativa del estado español y ya empieza a despuntar en la UE.

Esta crisis ha sido selectiva y ha afectado a los personas que menos tienen y a la clase media. Con lo que nos encontramos un cuadro en el que uno de cada tres valencianos se encuentra en situación de exclusión social.

El índice de exclusión social en el País Valenciano está cinco puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en un 25%, lo que supone que 1,6 millones de valencianos se encuentran en situación de exclusión moderada, de los que 760.000 ya viven en situación de exclusión severa.

Esto supone que el 65% de los valencianos sufre exclusión, con más o menos intensidad, y, por tanto, tienen dificultades para llegar a fin de mes con sus ingresos.

Ante esta precariedad económica se sufre una exclusión de vivienda. Un 31,1% de los hogares valencianos se han visto obligados a acoger “acoger a familiares que por motivos económicos no son capaces de asumir los gastos de una casa, comida… por lo que muchos abuelos tienen que acoger a sus hijos y a sus nietos y, no sólo eso, sino que se convierten también en el sustento de toda la familia”. Esta situación encadenada provoca recortes en medicamentos de los más ancianos de la familia, con las nefastas consecuencias que esto conlleva. Esta práctica de supervivencia y solidaridad familiar se ha dado en un 31,5% de los hogares valencianos, frente al 15,9% en España.

En este escenario, nos encontramos que el 19% se encuentra en situación de exclusión en la salud y que el 13% de las familias valencianas no dispone de recursos para tener una alimentación suficiente y equilibrada en términos nutricionales.

Estamos sufriendo los peores datos de desempleo conocidos con una tasa de paro del 30% de la población activa. Tenemos una generación de personas con salarios y horarios de esclavo, los llamados “nuevos trabajadores pobres”, cobrando una media de 650 euros al mes en caso de mayores de 24 años, y cobrando 400 euros al mes en caso de ser menores de esa edad, personas con trabajo pero en situación de pobreza.

Además, no hay que olvidar a la generación de personas trabajadoras expulsadas del mercado laboral con pocas posibilidades de encontrar trabajo, de encontrar cualquier trabajo del tipo que sea, “a causa de su perfil”. Este 15% de personas excluidas del mercado laboral son principalmente personas inmigrantes, a mayores de 55 años, a mujeres, a personas con discapacidad, a personas con baja cualificación,… 

Como se puede intuir, la crisis se va cronificando. Cada vez más se incrementa la solicitud y el cobro de rentas de inserción ante el agotamiento del desempleo en nivel contributivo y no contributivo. Pero, lamentablemente, lo que se ha disparado son las situaciones en las que casi 30% de personas en situación de desempleo no reciben ningún tipo de prestaciones por parte de ninguna administración, con independencia de los miembros que sean en la unidad familiar, así como con independencia de los mayores y de los menores que tengan a su cargo.

La austeridad y los recortes propuestos para salir de esta crisis confirman una grave regresión en las políticas sociales. Los derechos de educación, protección social, servicios sociales y dependencia son derechos cada vez más restrictivos en su acceso y con cada vez con menos presupuesto, tanto a nivel estatal como autonómico. 

Ante esta situación de precariedades y de exclusiones, los valencianos cuentan con una importante red de apoyo económico y social formado por amigos y familiares, ayudas que son, en muchas ocasiones, casi permanentes. Esta red de ayuda es resistente pero cabe apuntar que empieza a debilitarse al alargarse la crisis tanto en el tiempo y al incremento progresivo del coste de la vida, muestra de ello lo tenemos en la nueva brecha eléctrica, ya que la factura de la luz ha subido desde el 2006 un 30%.

En este escenario, el austericidio y los recortes conducen a un desastroso saldo de dramas humanos. Por un lado, tenemos situaciones de exclusión social, educativa, sanitaria, de servicios sociales, del desempleo, del hambre… Y, por otro lado, tenemos un notable incremento de enfermedades físicas y psíquicas tratadas en precario o no tratadas (excluidos sanitarios), además de sufrir un incremento de la mortalidad en general y también, un incremento en el número de suicidios.

Las recetas de austeridad agravan fatalmente las consecuencias de la crisis ya que niegan y reducen al ridículo los programas sociales y sanitarios claves justo en el momento en el que la persona más lo necesita. Se empeoran sus condiciones, así como sus posibilidades de mejora. Además, se generan situaciones en las que se obstaculiza de forma premeditada la recuperación general y se condena a generaciones de personas a no tener un presente ni un futuro digno.

De ahí la importancia de colaboración activa en la reacción colectiva para superar la actual “crisis” pero también para prevenir las futuras. La transformación social, que ya nos pisa los talones, está redescubriendo otros valores diferentes, está empujando para regenerar las instituciones y muestra propuestas sólidas de solidaridad y resistencia social, lejos de la lógica del egoísmo individual, la privatización y la mercantilización de la vida de las personas.

Nos encontramos en una situación de emergencia social en la que se requiere de un sistema más justo e igualitario que vaya acompañado de un paquete de modelos de políticas sociales que refuercen las redes públicas de protección social. La apuesta pasa por garantizar y consolidar un sistema de derechos y prestaciones mínimas sociales en los territorios a partir de diagnosticar, evaluar y proponer acciones que fortalezcan los servicios públicos. En definitiva, urge fortalecer aquellos ámbitos como la educación, servicios sociales, sanidad, pensiones y rentas mínimas, que son más correctores en términos de desigualdad así como priorizar el bien común con el el fin de volver a garantizar el bienestar y los derechos sociales de las personas.