Beatriz Nadal Rodríguez
Abogada y experta en medio ambiente.
A finales de la Segunda Guerra Mundial se fomentó el american way of life, un sistema económico basado en el modelo hiper-consumista. El sistema neoliberal, liberado de trabas políticas, actuaba de una forma cada vez más despiadada. Se vendía como progreso y modernidad, pero no era otra cosa que un consumismo irracional, insostenible e impulsivo basado en la producción masiva de bienes y recursos. Productos superfluos eran publicitados como imprescindibles. No se producía para cubrir necesidades reales; sino que se creaban necesidades que justificaban colosales producciones.
Este ha sido el vórtice de nuestra economía fomentada tras la II Guerra Mundial. Una economía basada en el consumo. Para que el sistema siga funcionando, dando muchos beneficios a unos pocos en detrimento de las necesidades y derechos de la mayoría, se nos insta a comprar y comprar. Todo un círculo vicioso. ¿Y qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Si las personas dejaran de comer alimentos basura estos desaparecerían? ¿Si saliésemos de la vorágine consumista cambiaría nuestro modelo económico? La lógica del consumismo actual se basa, en primer lugar, en la idea errónea de que comprar todo lo que quieras te llena por dentro. Es la identificación de la abundancia material y consumo excesivo, como principal camino para la realización individual del ser humano. Pensamos que necesitamos cada vez más para ser felices. Pero aunque te resistas a comprar, y tengas un nivel de consciencia y responsabilidad muy elevado, el propio sistema te insta a comprar. ¿Por qué? Todo se fabrica con fecha de caducidad, ¿de qué serviría una impresora que nunca se estropeara, o unas medias que nunca se rompieran? Es la llamada obsolescencia programada. Finalmente tienes que comprar de nuevo porque aquello que compraste deja de funcionar.
Esta lógica de este sistema permite dar beneficios a una élite económica apoyada incondicionalmente por el poder político. Todo ello a partir de la precariedad laboral, la violación de derechos humanos, el fuerte deterioro ambiental y la incesante producción de todo tipo de residuos. ¡¡¡Eureka!!! Nuestro modelo económico está fomentando la generación de residuos.
El tratamiento y recogida de residuos se ha monopolizado en nuestro país, así como la limpieza urbana de la mayoría de nuestras ciudades. El pastel está repartido entre unos pocos. Lejos de una sana ambición y a falta de ideas emprendedoras, algunos ha decidido invertir en lo seguro: basura.
¿Qué ha hecho esa pequeña élite de empresas constructoras dedicadas a la ingeniería civil, a la creación de carreteras, aeropuertos y construcción de obras faraónicas? Esas empresas son las mismas que han monopolizado y controlado la gestión de los residuos en España. He aquí cuando entra en juego el gran debate, ¿remunicipalización de servicios o privatización? Aquellos que apuestan por privatizar la gestión, reclaman una mayor modernización de las infraestructuras. Pero, ¿la privatización del servicio resulta más eficaz? ¿ la privatización de la limpieza urbana ha supuesto una mejora en el servicio? Quién lo diría por ejemplo, de Alicante. La suciedad de tus calles habla de tu Ayuntamiento, como tu casa habla de ti.
No se puede hacer un análisis desde la raíz si partimos de ideas preconcebidas y estrictamente politizadas. Pongamos los estudios sobre la mesa. Ante una auditoría, ¿qué gestión sería económicamente más rentable? ¿la remunicipalización o la gestión privada? Desde el coste de oportunidad, ¿qué financiación están dejando de percibir los ayuntamientos al ceder el servicio a estas empresas? ¿la remunicipalización del servicio cuántos puestos de trabajo locales crearía? ¿las licitaciones públicas se llevan a cabo con todas las garantías que contempla la ley? ¿Se respetan los principios de publicidad, transparencia y competitividad que deben regir las adjudicaciones? ¿hay pactos oclusivos previos para repartirse los contratos?
Las principales empresas del sector son FCC, Ferrovial (a través de su filial Cespa) ACS (a través de Urbaser) y Sacyr (a través de Valoriza), entre otras. Todas ellas han actuado como un cártel mediante el que se repartían los contratos públicos de limpieza urbana y gestión de residuos durante varios años. Y así lo ha constatado la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su informe emitido el pasado 25 de Enero al sancionar con 98,2 millones de euros a estas empresas. Firmaban pactos de no agresión y acordaban el reparto de clientes y las licitaciones públicas de los ayuntamientos en los contratos de gestión de basuras y saneamiento urbano. Pero el problema, no solo es que sean conductas anticompetitivas para el mercado, donde unos pocos monopolizan los servicios. El verdadero problema es el descontrol de la gestión de los residuos y su afección a nuestra economía, a nuestro medio ambiente y principalmente a nuestra salud.
España tiene al menos 31 vertederos ilegales. Esta permisividad de nuestras autoridades ha llevado a la Comisión Europea a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Conocen ustedes las consecuencias ambientales y de salud que provocan los vertederos ilegales? Veamos un ejemplo, el vertedero situado en los términos municipales de Abanilla y Orihuela. En el último informe emitido por el instituto de medicina legal, el volumen de basura ilegal enterrada podría estar alcanzando las 400.000 toneladas. Como consecuencia la fermentación de los residuos enterrados ilegalmente se han generado lixiviados tóxicos que afectan a suelos agrícolas, acuíferos subterráneos y zonas sensibles, como la que rodea a la potabilizadora de agua de los canales del Taibilla.
Por poner otro ejemplo, en la parcela de Campoamor, situada en el término municipal de Pilar de la Horadada (Alicante), se halla un vertedero a tan solo 500 metros de una zona residencial. Dicho vertedero, supuestamente clausurado, se halla emitiendo gases tóxicos, por lo que se requiere de inmediato se proceda al sellado, clausura y desgasificación de la zona.
¿Cuál es la eficacia de nuestra Directiva de Residuos? ¿cumplen los planes zonales con las Directivas europeas? ¿es acorde el último Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (de aquí en adelante, PIR) con la Ley Nacional de Residuos? El último PIR recurrido en el Tribunal Superior de Justicia, es el ejemplo de la desfachatez y la osadía política. Carece de un verdadero programa de prevención que cumpla las exigencias legales. Se despacha el tema como un mero manual de buenas prácticas, sin más miramientos. Continua con la fórmula de dejar a los operadores mercantiles para que la iniciativa privada diseñe los objetivos y planes de prevención. El documento deja toda la libertad de gestión, diseño de objetivos y estrategias a las empresas y productores en general, una auténtica autorregulación a la carta. Pero además, carece de datos actualizados, en el mejor de los casos los existentes son del 2007. ¿Pretendemos de esta forma solucionar la problemática de los residuos?
La basura ha sido el gran pacto de silencio de nuestro país. El pago de comisiones de forma habitual por parte de empresas dedicadas a la gestión de residuos es uno de los asuntos que más ha distorsionado la vida política y ha incrementado la corrupción. No ha habido voluntad política para llevar a cabo una gestión eficaz, de un modo económicamente rentable y sustentable con nuestro medio ambiente. Si algo ha reinado, ha sido la connivencia política supeditada a determinados intereses. Prueba de ello han sido las irregularidades cometidas en la adjudicación del Plan Zonal XVII de la Vega Baja, objeto de investigación por parte del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante conjuntamente con la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central. La policía constató las presuntas contraprestaciones detectadas en beneficio del entonces Presidente de la Diputación Provincial de Alicante José Joaquín Ripoll Serrano (imputado en el Caso Brugal). Según la policía, Ripoll habría obtenido presuntamente 1,3 millones de euros sin justificar tras la concesión del contrato a Ortiz. En el informe policial quedan constatadas presuntas contraprestaciones como la concretada en dos viviendas en el centro de Alicante o su equivalente en 1 millón de euros o la adquisición y saneamiento de un canal de televisión local de la ciudad de Alicante.
La magistrada del juzgado de instrucción número tres de Orihuela que investiga la pieza del caso Brugal ha ampliado la investigación a la gestión de Luisa Pastor, actual presidentA del Consorcio y de la Diputación. El Consorcio ha sido uno de los órganos más opacos en su gestión. Y prueba de ello, es la negativa y obstrucción para facilitar todo expediente íntegro, foliado y enumerado de la adjudicación del vertedero de la Vega Baja. Negativa, no solo a los ciudadanos, sino a los propios órganos jurisdiccionales. Deberían empezar a aplicar la ley de transparencia y el acceso a la información, participación y acceso a la justicia que garantiza el Convenio de Aarhus.
Esto es lo que resulta penalmente reprochable, el actuar de parte del personal al servicio de la Administración. Nos referimos a alcaldes, presidentes de Diputación, concejales, técnicos, etcétera, que lejos de actuar con plena sujeción y observancia a nuestro ordenamiento jurídico, velando por los intereses públicos y bajo los estrictos principios de objetividad, integridad, neutralidad, imparcialidad, lealtad, buena fe, transparencia, y atención al ciudadano, actúan en fraude ley burlando toda legislación contractual y con total indiferencia a nuestro Estado de Derecho. Las continuas gratificaciones, dádivas y sobrecostes que han podido florecer durante estas traman han repercutido directamente en los ciudadanos.
Esta es la causa por la que los ciudadanoS nos oponemos a la instalación de muchos vertederos. No se puede reducir solo al problema NIMBY, not in My Back Yard. Rige aquí el principio de solidaridad, lo que no quieras para ti no quiera para nadie. La sociedad civil se ha movilizado porque no estamos dispuestos a tolerar adjudicaciones de contratos presuntamente amañadas. No vamos a tolerar que la gestión de residuos siga estando salpicada de corrupción. Y no solo nos oponemos, sino que además, y dada la incapacidad política actual, somos lo ciudadanos quienes ofrecemos un abanico de nuevas posibilidades. Opciones para una gestión más eficaz y sustentable. Cambiemos los pliegos de condiciones administrativas particulares de estas adjudicaciones para fomentar que empresas que apuestan por una tecnología más respetable con el medio ambiente se vean beneficiadas. Prohibamos la concurrencia de empresas salpicadas por delitos de corrupción. Apostemos por una limpieza urbana concienciando a la ciudadanía, remunicipalizando los servicios. Eduquemos para la responsabilidad. Apostemos por una gestión de los residuos armonizada con el principio de sostenibilidad y desarrollo económico.
Para ello debemos apostar progresivamente por un cambio en el modelo económico, enfocado en el decrecimiento de la sociedad del consumo. Apostemos por energías renovables, por una agricultura biológica, por la bioconstrucción. La sociedad de los mercados, consumidora exponencial de los recursos naturales debe transformase por una sociedad sustentable con su medio natural, creadora de nuevas oportunidades. Construyamos desde dentro hacia fuera.
Lo verdaderamente utópico es pensar que podemos continuar con este nivel de despilfarro sinrazón. Esto sólo será posible si dejamos de marear la perdiz y vamos directos a la base de los problemas. Es decir, a cambiar los axiomas ideológicos sobre lo que se sustenta la economía global, la sociedad de consumo y el “desarrollo” tecnocientífico que satura de información y niega la sabiduría. Nuestro nuevo horizonte es la política ecológica, una ciencia al servicio común y la construcción de un mundo más justo. Este el anuncio de un cambio de época. Es el momento de la transformación. Este es el cambio que se dará en los municipios de la Vega baja, en Alicante, en toda la Comunidad Valenciana. Irremediablemente la esperanza brota para construir un nuevo escenario. El ardiente deseo de construir una sociedad más humana se ha impuesto.
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