El País Valenciano y las izquierdas

 Joan Romero

Profesor universitario y miembro de Valencians pel Canvi.

El cambio político en tiempos difíciles.

Estamos asistiendo a un cambio político en profundidad. En España y en el País Valenciano. Un cambio político que indica un fin de ciclo que ahora concluye y que además coincide con el inicio de una nueva etapa para una Europa occidental, entre insegura, atemorizada y desconcertada, que comprueba que los grandes cambios ocurridos durante las últimas tres décadas no han traído casi nada bueno, en especial en materia de crecimiento y capacidad para crear empleo.

En nuestro caso este fin de ciclo coincide con el proceso gradual de inicio de una nueva época en la que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Nunca las palabras de Gramsci fueron más adecuadas. Un auténtico cambio de época definido como el periodo en el que han producido “grandes desacoples”: entre economía de mercado y moral; entre crecimiento y desarrollo; entre crecimiento e igualdad; entre sistema financiero y economía real; entre Estados y mercados; entre empresas y territorios; entre sistemas agrícolas locales sostenibles y agroindustria; entre el trabajo como recurso global y los mercados de trabajo que siguen siendo locales; entre ciudadanía y democracia; entre ciudadanía y política.. Casi ninguno ha traído buenas noticias para las sociedades europeas y mucho menos para las regiones económicas que integramos la vieja periferia.

Ambos procesos sugieren múltiples interpretaciones en distintas escalas: regional, estatal y europea. Estamos ahora en un contexto completamente distinto: geopolítico, institucional, económico, social, demográfico, ambiental, moral…. Con reglas nuevas que supusieron el inicio de una nueva fase del capitalismo determinada por lo que Krugman definiera como la Gran Divergencia y Rosanvallon como El gran cambio, esto es, la crisis mecánica y moral de las instituciones de solidaridad. Nuevas reglas que significaron la ruptura de grandes consensos sociales que han ido afianzando una versión de “capitalismo caníbal” en afirmación de Jean Ziegler. Lenta pero de forma irreversible el poder fue cambiado de manos y el llamado “reformismo del miedo” del que habla Rosanvallon y que contribuyó a que los grandes consensos keynesianos dejaran paso a la aplicación implacable, sin resquicios ni contrapesos, del Consenso de Washington.

Se trata de un nuevo capitalismo, en parte desanclado de territorios y Estados, que ha sabido afianzar un nuevo relato ultraliberal marcado por la regresividad fiscal, el fundamentalismo de mercado, la desregulación, la concentración y la mercantilización de las políticas públicas en aquellas partes que son negocio para grandes grupos privados. Todo está más concentrado en grupos económicos cada vez mayores (el sistema financiero, la titularidad de empresas que prestan servicios esenciales como agua o energía, el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios…), las desigualdades siguen aumentado y la concentración de la renta cada vez se va pareciendo más a la distribución del capitalismo del primer tercio del siglo XX como han demostrado Sáez y Piketty.

El relato ultraliberal, que ha ganado incluso la batalla de las palabras, habla de “reformas estructurales” cuando quiere decir recortes en el gasto público social, de reducir el tamaño de un Estado ineficiente, cuando en realidad quiere decir privatizar las parcelas de la esfera pública que son negocio y que el Estado retenga o nacionalice todo aquello que esté en quiebra o que ya no sea rentable. Un relato ultraliberal que además tiene como gran objetivo impedir que muchas de esas “reformas” sean irreversibles.

Hoy las consecuencias de esa política económica de la inseguridad, en palabras de Ulrich Beck, son bien conocidas: vulnerabilidad de los territorios y fracturas sociales que se agrandan en el seno de cada país. Aumento de la desigualdad y la pobreza, precarización del empleo e inseguridad endémica, traslado de los riesgos al individuo y adelgazamiento de las clases medias. El nuevo precariado es uno de los rasgos más destacados de esta nueva sociedad del bienestar que el relato ultraliberal ha convertido en hegemónico.

España ha abrazado con entusiasmo esta agenda y algunas regiones y ciudades, especialmente en sus dos laboratorios en los que gobiernos conservadores han sido hegemónicos durante más de veinte años: Madrid y Valencia. Y aquí, con mayor intensidad que en otras partes, se puede comprobar cómo de las seguridades de la sociedad industrial se ha pasado, reduciendo los mecanismos básicos que garantizan derechos y cohesión social, a las inseguridades de la sociedad postindustrial: inestabilidad económica, dificultad de acceso a la vivienda, temporalidad e inseguridad laboral, dificultades de conciliación, aumento de los trabajadores pobres y el incremento de la precariedad como rasgo estructural.

En definitiva, muchos ciudadanos experimentan sensación de incertidumbre, indefensión, soledad y temor. Que han quedado a la intemperie y que los gobiernos y los partidos no tienen respuestas. Y en gran medida así es. En menos de 20 años han cambiado muchas de nuestras preguntas, no tenemos todavía las respuestas adecuadas y ya no es posible resolverlas con respuestas de los años ochenta. Y creen que sus gobiernos y parlamentos no se ocupan de ellos sino de una minoría privilegiada.

Todo ello acompañado de una sensación difusa de cierta impotencia del Estado, de que los partidos tradicionales en el fondo aplican una misma agenda que a veces parece orientada desde poderes que no concurren a las elecciones. Tal vez por ello, a las fracturas sociales, que la Gran Recesión ha agrandado profundamente, le han seguido las fracturas políticas fruto del malestar y la incertidumbre crecientes. Una nueva geografía electoral que está provocando el “vaciamiento del centro político” y que parece expresar respuestas distintas en las Europas. Mientras en el Norte y el Este miran hacia la derecha y apoyan nuevos partidos xenófobos y ultranacionalistas, en el Sur muchos ciudadanos desencantados, desatendidos, ofendidos e irritados prefieren mirar hacia la izquierda de una socialdemocracia tradicional incapaz de entender los cambios en curso o tal vez impotente para armar un nuevo relato para esta nueva época. Sin obreros industriales y sin Estado soberano, sus cimientos fundamentales, es muy difícil construir un discurso transversal para una sociedad fragmentada y con numerosas contradicciones interclasistas e intraclasistas. Francia, tal vez la última oportunidad, acaba de demostrar que la socialdemocracia en un solo país no es posible.

La situación en el País Valenciano.

 Esta sensación de fin de ciclo y de inicio de nueva época es particularmente visible en España. Se cierra ahora un ciclo inaugurado en la transición democrática que abre numerosas interrogantes. Y el País Valenciano participa de todos estos procesos pero hay que añadir la profundidad de la corrupción política y el mal gobierno como rasgo más definitorio de un tiempo demasiado prolongado protagonizado por distintos gobiernos de la derecha.

En democracia las cosas suelen ser lo que parece que son. Y lo que parece es que en el País Valenciano y en el conjunto de España tenemos un formidable problema que se llama corrupción política, pésima calidad de la democracia, muy deficiente funcionamiento del Estado de derecho y financiación ilegal de partidos políticos. Si miramos hacia atrás esta ha sido la cuestión que ha sacudido periódicamente la situación política española durante esta etapa democrática. Ahora, casi cuatro décadas desde el inicio de la Transición, el sistema evidencia una crisis profunda. Mucho más que “fatiga de materiales”, es una crisis institucional, política, económica, social y moral.

Una opulenta minoría privilegiada que se ha considerado inmune y que ha actuado con total impunidad, sabiendo que el sistema estaba a su servicio. Una minoría que experimenta con el umbral de dolor de una atemorizada y empobrecida sociedad. Que utiliza el poder en beneficio propio. Que elude obligaciones fiscales. Que se ha sentado en consejos de Cajas de Ahorro que han arruinado, mientras ellos las han saqueado y se han retirado con bonus y obscenas pensiones millonarias. Que ha urdido el mayor fraude que pueda imaginarse, engañando con productos financieros a gente humilde que ha perdido todos sus ahorros o desahuciando a miles de familias. Que se enriquece con las partes desguazadas del Estado de bienestar que son negocio. Por ejemplo en educación, donde es cada vez más evidente que las oportunidades para la igualdad se reducen, y todavía más indecente en sanidad, mientras médicos y sanitarios van desbordados y los ciudadanos pierden derechos, atenciones médicas, servicios básicos y seguridad en recrecidas listas de espera. Que se lucra con empresas privatizadas que gestionan mientras son negocio pero que cuando dejan de serlo recurren al Estado para que les mantenga el nivel de beneficios inicialmente previsto. Una minoría silenciosa indecente que utiliza el sistema para protegerse y para defender sus intereses particulares en detrimento del interés general. Que utiliza el parlamento para dar cobijo a imputados por casos de corrupción. Una minoría que casi nos arrebata hasta la esperanza y la de nuestros hijos.

Nuestro problema es estructural, es una corrupción sistémica que pone en marcha la “cultura de la desconfianza”, la espiral descendente del cinismo político, devastadora para cualquier democracia, del “todos son iguales” y de su mano la deslegitimación de las instituciones y la desafección política. Esta situación proporciona una paradoja: existe una desconfianza mayoritaria en la política y en los partidos políticos. Todos los informes lo indican, pero luego una mayoría suficiente y muy polarizada acaba votando “a los suyos” y el sistema no se regenera sino que sigue viciado.

En algunos de estos “laboratorios” en los que hay gobiernos de derecha tanto en la escala regional como en las grandes ciudades, es el caso de Madrid y Valencia, las elites políticas han desarrollado además un estilo de gobierno, una versión de democracia autoritaria, que muchos ciudadanos ahora rechazan. Hace años ya tuve ocasión de expresarlo y no ha habido cambio alguno sino más bien al contrario. Instalados en una especie de populismo autoritario, han llegado a creerse que las instituciones son suyas. Que los presupuestos son suyos. No imaginan otra forma de gobernar y mucho menos otro tipo de gobierno. No hay espacio para nada ni para nadie más. Algunos de sus dirigentes más significados desprecian cuanto ignoran y lo ignoran casi todo. Exhiben públicamente su incultura y su falta de respeto por el adversario político y se vanaglorian de ello. Presumen de haber entronizado la vulgaridad y la ordinariez. Una derecha populista que no solamente es la expresión genuina de una falta muy preocupante de cultura democrática, sino que en ocasiones ignora las reglas más básicas de la urbanidad. Y ahora sabemos por los tribunales de justicia que en muchos casos también han eludido las reglas de la decencia, la ética pública y privada y del estado de derecho.

Un estilo de gobierno que reduce el contenido de la democracia a una grotesca caricatura de simple mayoría aritmética, sin controles, sin rendición de cuentas, sin contrapoderes, sin voces disonantes y reduciendo la libertad de expresión hasta límites inverosímiles. Incluso expulsando a la persona discrepante del parlamento si fuera necesario. Se comportan como dirigentes ignorantes de que el ejercicio de la democracia cobra toda su dimensión precisamente al día siguiente de haber ganado unas elecciones. Desprecian, ignoran, censuran, expulsan o atacan a quienes no piensan como ellos.

El edificio democrático levantado hace más de tres décadas afronta una crisis sin precedentes. La miseria moral, la desidia institucional y la pésima calidad de la democracia lo impregnan casi todo. Las páginas de información política de los noticiarios se han convertido en una extensa sección de sucesos. Muchos ciudadanos tienen la sensación de estar explotados, humillados y estafados, por eso se expresan de forma hostil hacia el sistema y sus representantes o se inhiben en convocatorias electorales. La situación, gravísima, con su dimensión política y ética, reclama actuaciones radicales y urgentes. Estamos en una situación en la que la transformación es imprescindible.

La situación actual. Aumento de la fragmentación política, desafección y descrédito de los partidos políticos tradicionales. 

Desde hace más de dos años, las encuestas oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas indican que los partidos son percibidos como el tercer problema de los españoles, después del desempleo y la economía. La brecha entre los ciudadanos y los partidos políticos se amplía a medida que la crisis económica se hace más profunda y duradera. Este desapego se ha hecho más profundo debido a los numerosos casos de corrupción política, mala gestión de las cuentas públicas, deterioro de servicios y manipulación de la información. Un sistema político, connivente, ha mirado para otro lado. De ahí la hostilidad, el hastío y la indignación de cientos de miles de ciudadanos en nuestro País.

El 15M o y otros movimientos sociales ya indicaron que la sociedad española estaba cambiando. Lo verdaderamente sorprendente es que tardaran tanto en cristalizar, en mitad de tanta injusticia, de tanta contradicción, de falta de referentes, de liderazgos políticos claros y de una quiebra moral sin precedentes. El epicentro estaba en las plazas públicas, pero el hipocentro, que es lo importante, tenía causas más profundas. Básicamente, se exigían reformas políticas y más democracia. Transparencia, participación, defensa del interés general y que la política se entienda como un servicio y no como un oficio. Lo mismo que pensamos millones de españoles y de europeos. No eran movimientos antisistema, sino todo lo contrario. Tampoco eran solo un movimiento de jóvenes. Y ya tuve ocasión de afirmar entonces que no creía que fueran movimientos efímeros como luego se ha demostrado. Y además desbordaban las coordenadas tradicionales izquierda-derecha para desplazarse hacia otras más genéricas dentro-fuera, arriba-abajo. Más transversales por tanto

Esta situación no es exclusiva de España ni del País Valenciano, pero también lo es aquí, y lo es más en la medida en que el País Valenciano ha sido pionero en ensayar un amplio abanico de políticas ultraliberales que nada tenía que ver con la recesión sino con la ideología. Su particular “revolución conservadora” impregnada de una peculiar versión de capitalismo castizo, unido a la generalización prácticas corruptas, de episodios de “captura de políticas” y de mal gobierno, nada tiene que ver con la recesión sino con una involución mezcla de fe e ideología trufada de prepotencia y sectarismo interesado. Con el dramático resultado añadido de haber situado a este País en el mapa de la geografía de la corrupción y el despilfarro, de haber acabado en dos décadas con la reputación de una sociedad que se la había ganado a pulso durante décadas y de haber llevado a la quiebra técnica a la hacienda regional. Hipotecando la reputación, el prestigio y las posibilidades de afrontar el futuro con mínimas garantías en un contexto global adverso.

Básicamente, además de seguridad económica y atención a los déficit sociales, muchos ciudadanos exigen ahora la reconstrucción de algunos conceptos fundamentales: el funcionamiento de los partidos políticos, la democracia, la defensa del interés general y la ética pública. En definitiva, reclaman más y mejor democracia, desde la escala local a la global, y mayor autonomía de la política frente a los mercados. Muchas de las medidas que la sociedad reclama no cuestan dinero. Solo se requiere transparencia y voluntad política.

Un nuevo gobierno de la izquierda plural.

Aunque es difícil ahora hacer encuestas es probable que el PP pierda su mayoría y que las izquierdas pudieran aspirar a gobernar en el Consell de la Generalitat Valenciana y en muchas ciudades, incluidas algunas grandes. Hay necesidad de cambio político, como se indica en numerosas fuentes y encuestas. El cambio político probablemente ya se ha producido, aunque la derecha retenga mayor apoyo que el que actualmente le pronostican, pero el nuevo escenario viene marcado por un cierto vaciamiento del centro y un desplazamiento hacia la izquierda o hacia un centro izquierda de muchos ciudadanos. Pero con un dato nuevo: se ubican en un espectro ideológico de izquierdas (3,5-4,5) pero han decidido otorgar un voto a opciones distintas al PSPV-PSOE.

El objetivo debe ser construir una nueva mayoría en tormo a un gran acuerdo de reconstrucción institucional, económica y social y con capacidad capaz de canalizar de forma positiva el malestar, la indignación y el voto hostil (más horizontal, intergeneracional e interclasista de lo que parece). El PSOE, que ya no es condición suficiente pero será condición necesaria, tendrá que saber entender y gestionar con inteligencia y generosidad esta nueva situación. Mònica Oltra, dentro de la coalición Compromís podría ser un actor muy importante en ese nuevo tiempo si en el seno de su Coalición saben gestionar unos complejos equilibrios internos que están demorando en exceso decisiones relevantes cuyas repercusiones trascienden con mucho la lógica partidaria. Izquierda Unida debe ser también un actor importante en ese nuevo tiempo. El nuevo partido Podemos, que ha sabido leer muy bien los cambios profundos que estaban ocurriendo en nuestra sociedad, tiene que decidir todavía algunos aspectos importantes, algunos incluso esenciales ante una convocatoria electoral, pero sin duda será un actor tal vez decisivo.

Creo que con inteligencia y generosidad serán capaces de formar un gobierno estable de izquierdas y de consolidar la acción de gobierno. Con un buen gobierno y un buen acuerdo de gobierno estable y duradero. Para evitar el mayor riesgo: que un gobierno de izquierda sea efímero y no se consolide. O que haya que convocar nuevas elecciones anticipadas. Esa sería la puerta al retorno de gobiernos conservadores más autoritarios

Y además, diciendo siempre la verdad desde ahora, prometiendo lo que se puede cumplir. Por ejemplo, que el País Valenciano arranca el 2015 y el 2016 con un déficit inicial de 2.300 millones de recursos para hacer frente a las competencias que tiene asignadas, para impulsar políticas públicas de cohesión social y que contará con un gobierno central que no facilitará su trabajo.

Ese nuevo gobierno de la izquierda plural tendrá que convocar a un amplio acuerdo para hacer frente a una situación casi de emergencia. De emergencia política, democrática, social y económica. Con una tarea que será difícil pero imprescindible.

El primer trabajo de todos habrá de ser el de desescombrar para después restaurar la confianza en las instituciones, recuperar la autonomía política y la reputación del País y recomponer los elementos esenciales de funcionamiento del sistema democrático. Contribuir a articular una mayoría social suficiente procurando no olvidar nunca que ganar unas elecciones o formar un gobierno no significa en absoluto ser capaz de asentar un relato hegemónico basado en valores positivos y propositivos. Un relato consistente, integrador, transversal, propio, en clave de nosotros. Esa es la tarea más difícil y más necesaria a la vez.

En segundo lugar, un gobierno plural de las izquierdas debiera centrarse en impulsar un amplio programa de cambios centrados en la calidad de la democracia, la transparencia de las instituciones, el buen gobierno y el impulso de un ambicioso programa de reformas contra la corrupción. Hoy, la Comunidad Valenciana está entre las regiones europeas percibidas como uno de los peores gobiernos, tal y como se indica en el Social indicators Research 2014. European Quality of Government Index (EQI). Además de formar gobiernos ejemplares deberán evitar todo asomo de corrupción política como primera e indeclinable tarea. Muchas de las medidas posibles son conocidas y solo aguardan la voluntad decidida de querer acometerlas. Aquí solo se enumeran algunas de las más prioritarias:-Recuperar las formas y el respeto a los procedimientos y el respeto a las funciones de los servidores públicos. -Ley de acceso a la Información y dación de cuentas obligatorio para todas las administraciones públicas. – Regulación de la actividad de lobbies-Nueva Ley de Transparencia y buen gobierno. Un nuevo texto que sea verdaderamente útil. -Impulsar una nueva generación de iniciativas legislativas a favor de la e-transparency, e-democracy, e-participation. -Leyes de control externo de las Administraciones Públicas. -Profesionalización de las administraciones con servidores públicos y supresión de asesores y cargos de confianza. -Endurecer el régimen de incompatibilidades. -Nuevos sistemas de contratación pública y dación de cuentas en la escala local y regional. -Legislación muy dura contra el fraude fiscal y reforzamiento del personal de la Agencia Tributaria y Sindicatura de Cuentas para tal fin. – Una medida tan útil como novedosa en España podría ser la creación de una Oficina Anticorrupción.

Esta es, a mi juicio, la parte que los ciudadanos esperan en primer lugar. Y una amplia mayoría lo agradecerá y lo sabrá valorar. La corrupción sistémica necesita reformas sistémicas. El sistema político necesita depurarse a fondo. Reinventarse, reiniciarse desde fundamentos éticos y transparentes. Y deben empezar dando ejemplo los representantes políticos. Con nuestro sistema político y el enorme peso de los partidos, cualquier iniciativa de regeneración debe partir de los propios partidos. Los representantes políticos deben tener un comportamiento ejemplar y desde la esfera pública tienen que impulsar cambios creíbles y muy profundos.

En paralelo, junto al impulso de sectores productivos clave y el gobierno de las ciudades, habrán de ocuparse de reparar en lo posible las emergencias sociales, que son muchas, largo tiempo desatendidas.

Los datos disponibles elaborados por organismos e instituciones muy diversas, de los que aquí solo se incluyen algunas referencias, son concluyentes. Como también las consecuencias de “gobernar para las élites” como subraya Oxfam. Hace tiempo que se ha puesto en marcha el “descenso social” y eso es especialmente dramático en nuestras ciudades. Afecta a una amplia mayoría, irritada y alejada de sus representantes políticos tradicionales, sobreexpuesta a los procesos de globalización de la economía, que ha desarrollado un notable sentimiento de inseguridad económica, física e identitaria. Una mayoría social empobrecida que vive en los márgenes de un sistema crecientemente desigual e injusto. Una mayoría social electoralmente imprevisible porque devuelve con su comportamiento electoral el mismo trato que percibe de sus representantes políticos tradicionales.

Evidencias empíricas proporcionadas por el último informe de la OCDE (2014), donde se subraya el profundo aumento de las desigualdades de renta en España durante los cuatro primeros años de la crisis (el ingreso medio del 10% más pobre de la población española retrocedió 7,5 veces más que lo que cayó la renta del 10% más rico, apenas erosionada entre 2007 y 2011), y constatadas por otros informes recientes como los de la Fundación FOESSA y Cáritas, la Fundación Primero de Mayo o el reciente Social Justice Index in the EU. También es importante la componente territorial. La crisis del sector inmobiliario ha afectado de modo más intenso a aquellas regiones en las que el avance del proceso urbanizador había generado mayor actividad y empleo asociado a la construcción y estaban más expuestas a los efectos de una crisis del sector. En consecuencia, el masivo y brusco aumento del desempleo y el aumento de la pobreza urbana y la exclusión social registra niveles más elevados en determinadas regiones urbanas y metropolitanas y en espacios litorales, como Madrid y muy especialmente en la región urbana de Valencia, donde los indicadores de paro han empeorado de forma acelerada a partir de 2008. Estos procesos de declive afectan tanto a la ciudad central y a sus centros históricos como a cinturones industriales metropolitanos. Ahí se agudizan los procesos de segregación social, de envejecimiento de la población, de escasa dotación de infraestructuras y equipamientos sociales y de obsolescencia del parque inmobiliario. Procesos de segregación social donde el llamado quinto vagón que emerge en nuestras sociedades opulentas va más cargado. Ámbitos donde la exclusión social y la precariedad han aumentado de forma rápida e intensa.

Por ejemplo, en el VII informe de exclusión 2014 de la Fundación FOESSA, en referencia a Valencia se indica que el 65% de los hogares valencianos (495.000) se encontraba ya afectado por procesos de exclusión. El 11,5% de las familias (218.000) sufría pobreza severa (un 2,7% más que la media española) y solo el 35% goza de plena integración. Especial atención deberá merecer la situación de los jóvenes a la vista de los análisis recientes. Los rasgos que mejor resumen la situación en la que se encuentra la mayor parte de la población menor de 29 años son desempleo, pobreza, precariedad, vulnerabilidad y escasas expectativas de movilidad social en el futuro

Reducir la fractura educativa será esencial. De nuevo Madrid y Valencia lideran la “revolución conservadora” en educación es España. Pero como ocurre en sanidad, no solo actúa en el plano de los recortes lineales de gasto público reduciendo dramáticamente las oportunidades para la igualdad, sino que desde hace décadas los gobiernos conservadores desarrollan su propia agenda ideológica que tiene como objetivo estratégico disminuir de forma gradual el peso de la educación pública en favor de la educación concertada y privada y que nada tiene que ver con la recesión. Un ejemplo puede resumir el sentido profundo de esa estrategia: al tiempo que se reducen presupuestos para inversiones y profesorado en el sistema público, se incrementa el presupuesto para conciertos educativos, incluso en niveles post-obligatorios, y algunos gobiernos locales facilitan suelo gratuito para construir centros concertados cuando durante años lo han negado para ampliar la red de centros públicos. La gran ofensiva conservadora que pretende consolidar una doble red educativa muy orientada ideológicamente y muy condicionada por el nivel de renta de las familias.

La situación en Valencia es la siguiente. En el curso 2013-14 en la ciudad de Valencia estaba escolarizado en la concertada el 55,2 % del alumnado de Primaria y en la pública el 44,8 %. En la ESO, 56,5% y 43,5%. En Bachillerato, 60% y 40%. Es decir, prácticamente la totalidad de la educación privada en Valencia (salvo los colegios de sistema extranjero) estaba sostenida con fondos públicos. También está concertado todo el segundo ciclo de  la etapa infantil a excepción de los mencionados centros extranjeros. Igualmente se han concertado en Valencia todos los centros que tienen ciclos profesionales excepto treinta. Al tiempo, han comenzado a reducirse unidades escolares de educación infantil y primaria en los centros públicos mientras que, aunque ligeramente, siguen aumentando las unidades concertadas en los privados en estas etapas. Una profundización de esta política en la ciudad de Valencia consiste en construir nuevos centros privados, estos ya concertados y por setenta años, con la condición de que la empresa adjudicataria construya el colegio en suelo público, cedido a este fin por el ayuntamiento a los titulares privados. Son los denominados Centros de Iniciativa Social. La cesión está acordada a nivel municipal para algún centro, pero la mutación demanial no se ha producido aún debido a la creciente protesta social.

En cuanto a sanidad, habrá que evitar el deterioro de un sistema público ejemplar. La Comunidad Valenciana fue pionera en introducir formas de gestión privada en hospitales de titularidad pública y en “externalizar” distintos servicios. Los recortes en la red pública afectan lógicamente a los capítulos de personal, gastos de mantenimiento, inversiones y farmacia. Las consecuencias, aun sin contar todavía con información completa y homogénea, son las siguientes: a) reducción del número de centros de atención primaria y centros de salud o cierre del servicio de tardes (una medida que ha provocado gran preocupación en especial en zonas rurales); b) aumento de las listas de espera (en el último año, y la perspectiva es que esta situación sea duradera, el número de pacientes en espera ha alcanzado cifras record y la demora media ha alcanzado niveles que no se conocían desde que existen estadísticas sanitarias); c) saturación de unidades de emergencia; d) reducción de la “cartera de servicios” prestados, obligación, tras la última reforma sanitaria, de pagar algunos servicios (prótesis, trasporte en ambulancia no urgente…); e) introducción del copago; prohibición de atención a población inmigrante sin papeles; f) menos profesionales (jubilaciones obligatorias, no reposición de vacantes, reducción de sustituciones, guardias localizadas), y g) deterioro del mantenimiento de los centros. Este conjunto de medidas está ocasionando un apreciable deterioro de un sistema público de salud que se encontraba entre los diez mejores del mundo. Así es percibido con creciente preocupación por una mayoría de ciudadanos que siguen siendo partidarios de la sanidad pública como se indica en el Barómetro Sanitario hecho público en agosto de 2013 por el CIS.

Estas y otras muchas prioridades tendrá que afrontar un nuevo gobierno de la izquierda plural acompañado por una amplia mayoría social. Y será posible. Y será saludable. Y será un buen gobierno. Y será mejor, porque tendrá como objetivo básico hacer de la nuestra una sociedad más justa y trasparente. Y debe nacer con vocación de ser duradero. De esa forma, de la misma manera que la derecha hizo de Valencia y Madrid laboratorios para desplegar sus políticas ultraconservadoras sin demostrar ni el más mínimo asomo de empatía con el sufrimiento de miles de familias, la izquierda tiene que demostrar a miles de ciudadanos que apostar por el cambio habrá valido la pena. Es una oportunidad histórica. Y estoy seguro de que los actores políticos que han de gestionar este nuevo escenario sabrán estar a la altura del momento.

Coda Todo este proceso, así como los pronósticos enunciados anteriormente, han de superar, no obstante, dos momentos críticos. El primero es el proceso de formación de candidaturas. Se trata del momento más delicado y determinante y no es seguro que esté a salvo de tensiones muy importantes que sin duda tendrían repercusiones electorales. Como siempre, en ese momento crítico los partidos tienen tendencia a mirar demasiado hacia su interior. Se trata del eterno debate sobre el poder al que en algún caso, como en el de la coalición Compromís, se añaden además dificultades para conciliar tradiciones y culturas muy diferentes. El nuevo partido Podemos todavía ha de despejar igualmente numerosas interrogantes. El PSPV-PSOE todavía tiene que demostrar que en la composición de sus candidaturas autonómicas y locales quiere mirar hacia fuera y hacia adelante si quiere reconciliarse con una parte de su electorado tradicional que todavía no le ha abandonado definitivamente. Izquierda Unida ha despejado ya alguna interrogante pero todavía debe igualmente culminar un proceso siempre complejo. El segundo momento crítico, en caso de que el primero fuera resuelto con la inteligencia y generosidad que muchos ciudadanos esperamos, será con ocasión de la formación de un gobierno estable de izquierdas. Aun habiendo conseguido una mayoría parlamentaria suficiente (una meta que todavía ha de conseguirse) no será tarea fácil alcanzar un buen acuerdo de gobierno y conformar un buen gobierno con vocación de estabilidad, de integración y con capacidad para elaborar una agenda para ocho años. Es decir, para evitar el riesgo de formar un gobierno de “coalición”, con departamentos conformados “en vertical” e imposibilitado para emprender la formidable y muy difícil tarea colectiva de construir un nuevo relato con vocación de que pudiera convertirse en hegemónico. Porque si así fuera ese sería un gobierno efímero. Estamos en un momento histórico, una encrucijada, y de estos dos momentos críticos puede depender el futuro de un País que se merece gobiernos que sepan dar contenido a conceptos básicos hace tiempo olvidados o pervertidos: reputación, respeto, justicia social, decencia y ética pública.                (*) Joan Romero es profesor universitario y miembro de Valencians pel Canvi