SOSTENIBILIDAD CON HECHOS

SOSTENIBILIDAD CON HECHOS

Cambio climático, territorio y necesidad de políticas desde la ciudad.

Jorge Olcina, Catedrático de Geografía y Director del Laboratorio de Climatología de la Universitat d’Alacant

El V Informe del Panel del Cambio Climático de las Naciones Unidas no deja lugar a dudas: el cambio climático por efecto invernadero es una hipótesis con un alto grado de verificación y debe comenzar el proceso de mitigación y adaptación a sus efectos. En el ámbito mediterráneo las consecuencias del cambio climático se manifestarán no sólo con la subida de temperaturas y la reducción de las precipitaciones sino, además, y en mi opinión lo más preocupante, con un aumento en la frecuencia de aparición de eventos meteorológicos extremos (lluvias fuertes, secuencias secas, temporales de viento, olas de calor). Se trata de peligros climáticos que obligan a desarrollar políticas de mitigación y reducción del riesgo, desde este momento y para las próximas décadas, en diversos ámbitos.

Los gobiernos estatales deben comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para respetar el protocolo de Kioto, aspecto que el gobierno español no ha cumplido salvo en los últimos años y por adquisición de derechos de emisiones de otros países. En la escala regional, diferentes comunidades autónomas de nuestro país han elaborado planes o estrategias de adaptación ante el cambio climático, orientadas en gran medida a promover un cambio en el modelo de producción y consumo energético.

Pero la escala importante es la local, la escala de la ciudad, donde vivimos los ciudadanos. Es aquí donde las políticas de lucha contra el cambio climático deben ser constantes y radicales. Si no se consigue que la ciudadanía se conciencie y participe de las acciones de defensa frente al cambio climático, todo lo demás servirá de poco.

Y es justo en la escala local donde menores están siendo las actuaciones para adaptar la ciudad al cambio climático. En la Comunidad Valenciana prácticamente nulas. Y hay instrumentos y posibles medidas que sin gran coste económico para la administración local pueden desarrollarse para ir preparando nuestras ciudades a los efectos del calentamiento térmico planetario.

De entrada los propios planes de ordenación urbana, dentro de la nueva concepción de hacer los territorios más sostenibles, deberán incorporar medidas para la adaptación ante el cambio climático, evitando desarrollos extensivos que aumentan las distancias y los desplazamientos, conteniendo la expansión urbana descontrolada que derrocha suelo y requiere una demanda de agua en territorios con escasos recursos, practicando políticas de promoción del transporte público frente al vehículo privado, promoviendo medidas de ahorro energético, como medidas más eficaces.

En aquellos territorios con problemas de riesgo de inundación, se debe cumplir las leyes (estatal y valenciana) del suelo, que prohíbe la edificación en áreas de riesgo. Y en municipios con implantación urbana en primeras líneas de costa, a pesar de las indicaciones de la vigente y poco pensada Ley de Costas (2013), deberán promoverse acciones para liberar de uso urbano permanente esos espacios. En todos los municipios valencianos se debe obligar a la reutilización de aguas depuradas para el riego de zonas verdes públicas y, por supuesto, para el de campos de golf si existen en el término municipal

Todos estos aspectos pueden desarrollarse en el ámbito municipal y tienen en los planes de ordenación urbana un instrumento jurídico de acción eficaz, siempre y cuando haya voluntad y compromiso político.

Son múltiples los ejemplos de ciudades europeas que han apostado por la sostenibilidad como principio rector de sus actuaciones territoriales y están aplicando medidas concretas, a partir de ordenanzas municipales, para la reducción de los posibles efectos del cambio climático: Friburgo, Helsinki, Copenhague, etc. Y en nuestro país, Vitoria-Gasteiz, Girona, Menorca y su Plan Insular o el bien concebido y, lamentablemente, no realizado Plan de la Bahía de Palma que hubiera sido la primera actuación de renovación territorial y urbanística de un espacio turístico, realizada bajo los principios de la sostenibilidad, adaptación al cambio climático y con cooperación entre administraciones.

La Comunidad Valenciana sigue siendo un espacio geográfico sin programa territorial claro. Se diseña un modelo territorial de escala regional a partir de una Estrategia Territorial pero no se ha articulado el escalón comarcal y, por su parte, la escala local sigue realizando actuaciones poco coordinadas, ni con la escala regional ni con los municipios próximos. Falta la práctica de una verdadera gobernanza territorial, donde se coordinen medidas de transformación territorial que respeten los criterios de sostenibilidad establecidos en la Estrategia Territorial y beneficien, al mismo tiempo, a varios municipios, reduciendo costes económicos e impactos ambientales.

Los municipios siguen sorprendiéndonos con actuaciones de transformación del suelo que poco o nada tienen que ver con propuestas de sostenibilidad territorial, ni ambiental. Y la no obligación de cumplimiento de indicaciones normativas aprobadas con posterioridad a la puesta en marcha de un plan general municipal, acarrea el mantenimiento de acciones poco acordes con los rasgos del territorio que se pretende ordenar. Este aspecto debería modificarse en próximas redacciones de las normativas del suelo.

Es fundamental, asimismo, que los municipios establezcan una serie de indicadores ambientales y de evaluación continua del cambio climático que permita hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de acciones que se pongan en marcha en estos ámbitos.

La elaboración de Agendas 21 Locales, como instrumento de planificación sostenible en la escala urbana, ha dado, como resultado, más sombras que luces. Se iniciaron a tropel a finales de los años noventa del siglo pasado y en los primeros años del actual y la falta de mecanismos de implementación real de sus propuestas en la planificación urbana, ambiental y económica de los municipios han dado al traste con esta figura que tantas expectativas generó. La realidad es que se convirtió en una actuación de propaganda política, en la mayoría de casos, que pronto perdió el interés y la voluntad de su cumplimiento por parte de los gobiernos locales.

Si se quieren hacer sostenibles los territorios y desarrollar medidas de adaptación al cambio climático no es necesario, como se ha señalado, grandes inversiones económicas. Si hay empeño en llevar a cabo estos principios de actuaciones en la administración local el éxito puede estar garantizado. Y junto a ello, la voluntad de contar con la ciudadanía, de escuchar la voz de la calle y de hacer partícipe a la sociedad que vive en un municipio de las propuestas y medidas para hacer más sostenible su ciudad.

Los territorios no son recurso infinito. Su transformación principal, al margen de grandes actuaciones infraestructurales estatales o regionales, se lleva a cabo en la escala local. Los municipios, a partir de ahora y con la experiencia de los años pasados de depredación territorial dentro del “boom urbanístico” vivido con especial intensidad en las regiones del litoral mediterráneo, deben ser conscientes de que no pueden seguir desarrollándose a costa de la destrucción de la naturaleza.

Edgar Morin indica que “nos encontramos en un proceso de amplificación de los procesos económicos, en la nave espacial Tierra y vemos venir la catástrofe. Lo que pomposamente se ha denominado “desarrollo” conduce a la degradación de la biosfera, la cual, retroactivamente, conduce a la degeneración de las civilizaciones humanas”. Se trata de conseguir lo que Stiglitz ha denominado “una globalización con un rostro más humano”.

Y los administradores de lo público, los gobernantes, debe convertirse, en orientadores, desde la sensatez y racionalidad, de un proceso acelerado de cambios territoriales en el que vivimos. Si a ello se suma la incertidumbre que crea el cambio climático y sus efectos futuros, no queda más salida que la gestión prudente del territorio. Sólo eso mejorará la calidad de vida de sus ciudadanos. Lo demás son medidas y políticas que buscan la desintegración ambiental y la desigualdad social. Y a eso la izquierda no puede jugar.